POR CRISTHIAN JIMENEZ.- Reculamos y nos fortificamos: elevamos la altura de las rejas del perímetro de la casa y afeamos puertas y ventanas con barrotes metálicos, además complejos cerrojos y guardianes armados. Y cuando la tecnología abarató la vigilancia visual, cámaras omnipresentes sin importar el sacrificio de la privacidad.
Aun así, la terrible sensación de indefensión y temor de que una sombra, que trepó varios pisos del edificio de apartamentos, nos despierte con un golpe en la frente en horas de la madrugada, amordace, amenace… Imborrables las huellas emocionales en menores y adultos.
A los apartamentos (renuncia a la rememoración del campo en una casa con patio arborizado en la ciudad), muchos fuimos empujados por un asunto fundamentalmente de seguridad. Y hasta allá ha escalado la delincuencia.
¿Es un fenómeno nuevo? No. Empero, no se debe relativizar el actual pico criminal que genera un paralizante desasosiego. Y no todos los casos son denunciados.
No olvidemos el caso del “hombre araña”, caso gravísimo por las posibilidades de un desenlace violento, de acceso de un delincuente a las habitaciones de un expresidente (y que volvería al poder al poco tiempo del incidente) pero que el mandatario de entonces lo redujo a chisme político.
La actividad criminal, sin dejar su teatro de operaciones en los barrios populares, hace rato que se movió “a lo claro” y afecta a entidades financieras, comercios medianos y pequeños, motoconchistas, taxistas, empleados en tránsito a sus centros laborales, así como escala un sexto piso en un fortín de la avenida Enriquillo y alcanza a un político, esposo de una senadora. (¿En qué habrá quedado ese caso?).
Las víctimas fatales van desde oficiales militares y policiales hasta artistas, comerciantes y simples ciudadanos que resistieron asaltos sorpresivos.
Los delincuentes, por su rapacidad y desenfreno parecen desafiar a las autoridades, que dan traspiés y se lían en respuestas coyunturales, algunas fórmulas que fracasaron en el pasado.
La militarización de barrios es insostenible en el tiempo y las ejecuciones, la llamada “carta blanca”, solo dejaron “cementerios privados” a pistoleros vestidos de generales.
La suspensión del expendio de bebidas alcohólicas en la provincia Santo Domingo desde las 12 de la medianoche hasta las 8 de la mañana, con el alegato de que en la madrugada ocurre la mayoría de los actos delictivos luce improvisada. No incluye al Distrito Nacional y Santiago, lugares en los que han ocurrido sonados crímenes.
Comerciantes vinculados a la gastronomía y la diversión protestaron la decisión al considerarla discriminatoria y marcharon el viernes último, junto a sus empleados hasta el ministerio de Interior y Policía y el Palacio Nacional.
El gobierno ratificó la medida, pese a que el raterismo y hechos criminales siempre se han vinculado más al microtráfico y consumo de drogas en barrios populosos y no a la venta de alcohol.
También se examinó como contraproducente la disposición oficial por la cercanía de las fiestas navideñas, período en que tradicionalmente se flexibilizan los controles.
“Cierran los lugares de uno beber, pero los puntos de drogas se mantienen abierto”, me comentó un residente en Santo Domingo Este. Ignora que la autoridad no puede regular lo que opera al margen de la ley, aunque los comunitarios siempre han denunciado que esos activos negocios tienen protección policial.
La solución es compleja, pero no puede esperar hasta que se complete la reforma policial y “aparezcan” los recursos para las abundantes recetas dadas por los expertos.
Es urgente la contención de la desbordada actividad criminal con mayores esfuerzos y creatividad.
Y, claro, en una extemporánea campaña electoral la oposición no hace concesiones, sino que reclama e imputa. Los mismos gritos que cuando el actual partido oficial estaba en calles y plazas.
